Tras el respaldo al mensaje presidencial, el Ejecutivo acelera un cerco legal y corporativo contra las perforaciones no autorizadas en el Atlántico Sur, mientras reactiva las obras de la Base Naval Integrada en Ushuaia y la creación de un Consejo de Seguridad Nacional.
La Casa Rosada aceleró la puesta en marcha de una ambiciosa agenda diplomática, legal y de defensa tras el anuncio por cadena nacional del presidente Javier Milei. Esta semana, el Poder Ejecutivo remitirá al Congreso un proyecto de ley para modificar la legislación vigente sobre hidrocarburos, aumentar los castigos a firmas extranjeras que operen en el archipiélago y estructurar un nuevo marco geopolítico en el Atlántico Sur.
El proyecto oficial apunta a neutralizar las operaciones de las compañías Navitas y Rockhopper en el proyecto hidrocarburífero Sea Lion. Para lograrlo, la estrategia combina la vía parlamentaria con la diplomacia corporativa directiva:
- Endurecimiento normativo: La reforma de la Ley 26.659 fija penas severas y busca inhabilitar comercialmente a toda proveedora de servicios petroleros que preste soporte técnico o logístico no autorizado en la plataforma continental.
- Respuesta corporativa: Gigantes internacionales de la industria —como Halliburton, Baker Hughes y SLB— ya comunicaron que no participarán de las exploraciones en Malvinas para resguardar sus negocios operativos en Vaca Muerta.
- Defensa e infraestructura: Mediante decretos ejecutivos se dispusieron partidas presupuestarias extraordinarias destinadas a la Cancillería, la SIDE y el Ministerio de Defensa, este último abocado al inicio de las obras de la Base Naval Integrada en Ushuaia.
- Consejo de Seguridad Nacional: Se creará un órgano encargado de diseñar e implementar de manera transversal la protección de las infraestructuras críticas, así como la custodia marítima y aérea del territorio.
El viraje oficial fue rechazado por la Asamblea Legislativa de las islas y por el gobierno británico. En el plano local, bloques de la oposición en el Congreso advirtieron sobre la necesidad de auditar que los beneficios del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) no alcancen a firmas con antecedentes de infracción en aguas argentinas.
Con el inminente debate en las comisiones del Parlamento, el Ejecutivo buscará ratificar el respaldo legislativo a su paquete de medidas y consolidar un cerco económico que obligue a las petroleras a frenar sus tareas de perforación en la zona disputada.
