El fallecimiento de Maricarmen Abascal, la jubilada de 87 años que fue desahuciada de su vivienda en el barrio madrileño de Retiro el pasado 23 de septiembre, provocó una masiva ola de protestas en España y un profundo impacto en la agenda política nacional. La mujer se encontraba hospitalizada desde el día del operativo judicial, tras haber residido durante más de siete décadas en el inmueble y enfrentar un extenso litigio con la firma propietaria por el incremento del alquiler.
El desenlace derivó en movilizaciones en las inmediaciones del Congreso de los Diputados y en la Puerta del Sol, al tiempo que escaló en el ámbito institucional. Ante la falta de consenso parlamentario sobre los decretos presentados para regular el mercado inmobiliario, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, dispuso el adelanto de las elecciones generales para el 29 de noviembre. En paralelo, organizaciones sociales y sindicatos de inquilinos anunciaron la convocatoria a una huelga general el próximo 11 de noviembre para exigir reformas urgentes en materia de acceso a la vivienda.
