A través de la Resolución 384 de la Dirección de Defensa del Consumidor, el Gobierno de Mendoza puso en marcha la Oficina de Conciliación de Reestructuración de Deudas de Consumo (OCDC). La iniciativa ofrece un procedimiento administrativo, prejudicial, gratuito y voluntario para familias en situación grave o inminente de insolvencia, buscando evitar que los compromisos financieros terminen en quiebra o ejecución judicial.
El esquema permite negociar pasivos generados por tarjetas de crédito, préstamos personales, financieras digitales, mutuas y cooperativas, siempre que las deudas comprometan más del 30% del ingreso neto del grupo familiar (o el 25% en hogares de especial vulnerabilidad social) y el capital no supere el equivalente a 100 salarios mínimos. Quedan excluidos los créditos hipotecarios, cuotas alimentarias y obligaciones comerciales.
La OCDC operará como una vía de mediación distinta a la reciente Ley de Alivio Financiero provincial. Durante el trámite, los acreedores adheridos congelarán intereses punitorios y gestiones de cobro, al tiempo que la participación en capacitaciones de educación financiera será obligatoria para los deudores solicitantes.
