El Gobierno de la Nación formalizó un pedido de inhibición contra el juez federal de Santa Rosa, Juan José Baric, quien había dictado una medida cautelar interina para suspender provisoriamente el Decreto 982/2026 firmado por el Presidente Javier Milei. La norma restituía a Mendoza la percepción del 100% de las regalías hidroeléctricas del complejo Los Nihuiles. Con este movimiento procesal, la Casa Rosada se alineó con la estrategia del Poder Ejecutivo mendocino y sostuvo que la competencia exclusiva para dirimir el pleito territorial y financiero corresponde a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El gobernador Alfredo Cornejo y la ministra Jimena Latorre ratificaron que el juzgado pampeano carece de jurisdicción sobre el tema.
El Gobierno Nacional solicitó este martes 22 de septiembre de 2026 el apartamiento del magistrado federal pampeano Juan José Baric en el marco del litigio judicial por el reparto de las regalías de Los Nihuiles. La presentación de los apoderados del Estado central impulsa la remisión del expediente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde desde 2022 tramita la demanda original iniciada por Mendoza. Pese al planteo de incompetencia, la ministra de Energía provincial, Jimena Latorre, aclaró que la suspensión provisoria de los artículos 3° y 4° del decreto presidencial continuará vigente hasta tanto el tribunal de Santa Rosa o el máximo tribunal del país resuelvan la traba de jurisdicción.
Los fundamentos presentados por la representación del Estado central indicaron que las pretensiones de la provincia de La Pampa vulneran la competencia originaria del máximo tribunal.
Las autoridades de la cartera energética de Mendoza explicaron que la traba de incompetencia suspende los plazos para la contestación del informe requerido por el magistrado pampeano.Los pronunciamientos de los funcionarios provinciales remarcaron que el régimen de distribución dispuesto en 1973 por la administración nacional carece de validez técnica.
Las resoluciones finales sobre la validez de la cautelar y la competencia del fuero federal quedarán en manos de los ministros de la Corte Suprema.
