El Poder Ejecutivo publicó en el Boletín Oficial la puesta en marcha de la normativa aprobada por la Legislatura. El esquema crea el Comité de Conducción Estratégica, establece protocolos de mitigación de amenazas y contempla desde auditorías extraordinarias hasta la desconexión de redes oficiales ante faltas graves.
El Gobierno de Mendoza oficializó la reglamentación de la Ley de Ciberseguridad, dando inicio a un nuevo marco normativo diseñado para proteger la infraestructura digital del Estado y resguardar las bases de datos del sector público. Con la publicación del decreto en el Boletín Oficial, la provincia puso en funciones un esquema de gobernanza técnica que establece pautas de fiscalización, protocolos de respuesta ante incidentes informáticos y estándares obligatorios para la administración central, organismos descentralizados y proveedores privados. La medida apunta a garantizar la continuidad operacional de los servicios públicos esenciales frente a eventuales ciberataques.
La puesta en vigencia de la norma activa formalmente el Comité de Conducción Estratégica de Ciberseguridad (CCEC), organismo encargado de elaborar el Plan Provincial de Ciberseguridad y dictar las directrices técnicas para las dependencias provinciales, invitando además a adherir a los poderes Legislativo, Judicial y a los municipios. En el plano operativo, la Autoridad de Ejecución Operativa coordinará los centros de monitoreo SOC y CSIRT, administrando a su vez el nuevo Registro Provincial de Incidentes y un canal de divulgación responsable para recibir reportes de vulnerabilidades del sector especializado.
El régimen fija obligaciones para las áreas gubernamentales y empresas contratistas del Estado. Para asegurar el cumplimiento, el CCEC quedó facultado para imponer un cuadro sancionatorio gradual ante faltas técnicas, que abarca desde apercibimientos y auditorías extraordinarias hasta la segmentación preventiva de servicios y la desconexión total de las redes oficiales en situaciones de riesgo sistémico.
Con esta reglamentación, Mendoza se transforma en una de las primeras jurisdicciones del país en estructurar un órgano unificado para la defensa y prevención de delitos informáticos en la gestión pública.
