Los jueces del Tribunal Oral Criminal N°5 descartaron los cargos contra el exministro de Planificación Federal y fijaron penas de ejecución condicional para López, Fatala y los hermanos Schoklender. La resolución contempla la inhabilitación perpetua para los exfuncionarios y la restitución de más de 206 millones de pesos al Estado.
En una definición judicial de alto impacto, el Tribunal Oral Criminal N°5 resolvió absolver al exministro de Planificación Federal, Julio de Vido, en el marco del juicio oral por la causa Sueños Compartidos. A su vez, los magistrados impusieron penas de prisión en suspenso inferiores a los tres años para el exsecretario de Obras Públicas, José López, el exsubsecretario Abel Fatala y los hermanos Sergio y Pablo Schoklender. La resolución dictada en los tribunales federales de Comodoro Py se produjo de forma previa al vencimiento de los plazos de prescripción de la acción penal y fijó montos punitivos menores a los solicitados originalmente por la fiscalía de juicio.
La sentencia consideró a López y Fatala coautores del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, asignándoles 2 años y 9 meses de prisión en suspenso junto con la inhabilitación perpetua para el desempeño de cargos públicos. Por su parte, la actuación de los exapoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio y Pablo Schoklender, fue catalogada bajo el grado de participación necesaria, derivando en condenas de 2 años y 8 meses y 2 años y 4 meses de prisión condicional, respectivamente.
El fallo incluyó la absolución de los excolaboradores técnicos del Ministerio de Planificación, Carlos Castellano y Daniel Freidin, así como de los exfuncionarios de la provincia de Santiago del Estero, Daniel y Karina Nasif. Durante la apertura de la sesión, la jueza Adriana Palliotti y los jueces Daniel Obligado y Adrián Grünberg desestimaron los recursos presentados por los abogados defensores respecto al agotamiento de los tiempos procesales.
En el plano patrimonial, la mayoría del tribunal ordenó el decomiso de activos por $206.438.454,05, suma calculada como la masa de recursos desviados que debían destinarse al desarrollo de infraestructura habitacional social en distintas provincias.
El tribunal citó a las partes para el próximo 13 de noviembre, fecha en que se dará lectura integral a los fundamentos técnicos que sustentan la sentencia dictada.
