La iniciativa elevada por el Poder Ejecutivo deroga la Ley 26.659 y establece un marco regulatorio que abarca la explotación no autorizada de todo tipo de recursos naturales en los archipiélagos del Atlántico Sur. El texto contempla penas de hasta 20 años de prisión, multas equivalentes a tres millones de barriles de petróleo, inhabilitaciones comerciales y la creación del Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el presidente Javier Milei.
El Gobierno nacional formalizó la remisión al Congreso del proyecto de ley de Defensa de la Soberanía por Malvinas, una iniciativa integral que endurece el régimen de sanciones para empresas, socios, proveedores y logísticos que participen en la explotación no autorizada de recursos naturales renovables y no renovables en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y sus espacios marítimos circundantes. El proyecto, apoyado por una carta pública del presidente Javier Milei en la que solicitó priorizar su tratamiento legislativo, impone un catálogo de penas que alcanza hasta los 20 años de reclusión y multas pecuniarias de hasta tres millones de barriles de petróleo. Asimismo, la normativa habilita la figura del juicio en ausencia, crea un régimen de desistimiento para la reconversión de inversiones e instituye el Sistema de Seguridad Nacional, una estructura centralizada bajo la conducción directa del Jefe de Estado para coordinar la defensa cibernética, marítima, aeroespacial y de infraestructura crítica.
La propuesta legal extiende las responsabilidades penales e inhabilitaciones administrativas de 5 a 20 años no solo a las firmas dedicadas a la prospección, exploración y extracción hidrocarburífera o pesquera, sino también a prestadores de servicios esenciales, consultoras, accionistas y estructuras corporativas controlantes.
En materia de control territorial, la norma dispone protocolos para la interceptación de aeronaves hostiles y regula la inspección de buques en el mar argentino, autorizando el uso graduado de disparos de advertencia e inutilización ante situaciones de desobediencia explícita.
La columna vertebral de la ley radica en la creación del Consejo de Seguridad Nacional, integrado por la Jefatura de Gabinete, los Ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, la Secretaría de Inteligencia de Estado y la Secretaría Legal y Técnica. Este órgano quedará facultado para aplicar represalias económicas, como la suba de aranceles de importación hasta un 75% e inhibiciones operativas frente a estados extranjeros u organismos internacionales que atenten contra la soberanía.
El Poder Ejecutivo aguarda la constitución de las comisiones en ambas Cámaras para comenzar el debate del articulado antes del inicio del período extraordinario.
