El gobernador pampeano cuestionó en duros términos el Decreto 982/2026 firmado por Javier Milei, el cual puso fin a la distribución equitativa del 12% de los recursos generados por el complejo hidroeléctrico. Mandatario advirtió que iniciará acciones para defender la propiedad compartida de la cuenca y mantener los ingresos provinciales.
El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, rechazó enfáticamente la decisión del Gobierno nacional de otorgarle a Mendoza la percepción exclusiva del 100% de las regalías hidroeléctricas generadas por el Sistema Los Nihuiles. A través de sus redes sociales, el mandatario peronista acusó a la provincia vecina de haber «robado el río Atuel» y confirmó que su administración impulsará reclamos políticos y judiciales para frenar el impacto del Decreto 982/2026, mediante el cual el presidente Javier Milei derogó el régimen de reparto vigente desde 1973. La controversia estalla luego de que la Casa Rosada determinara que el tramo efectivamente aprovechado para la generación eléctrica se sitúa de forma completa en suelo mendocino, postura que contrapone la tesis pampeana basada en la interjurisdiccionalidad de la cuenca hídrica y en los acuerdos firmados en 1992.
Las derivaciones políticas del fallo ejecutivo y los argumentos contrapuestos de ambas jurisdicciones abarcan los siguientes puntos clave:
- Rechazo a la pérdida del 6%: La Pampa dejará de percibir la mitad de la regalía hidroeléctrica del 12% sobre la facturación de energía que cobró durante más de cincuenta años de manera ininterrumpida.
- Tesis del cauce interprovincial: Ziliotto vinculó la medida con el diferendo histórico por el escurrimiento del agua, sosteniendo que el carácter interjurisdiccional del Atuel le otorga derecho pleno sobre los beneficios económicos de la cuenca.
- Fundamento territorial de la Nación: El decreto nacional ratificó que el pago de regalías compensa únicamente a la jurisdicción donde se asientan las presas, embalses y centrales, infraestructura emplazada en el departamento de San Rafael.
- Marco de la licitación: La Casa Rosada justificó el cambio normativo argumentando la necesidad de otorgar seguridad jurídica y fijar reglas homogéneas de cara a la nueva concesión del complejo Los Nihuiles.
La postura adoptada por la Gobernación pampeana anticipa una nueva batalla en los tribunales federales y en la Corte Suprema, reavivando un conflicto hídrico que trasciende la producción energética y afecta de forma directa las relaciones políticas en la región cuyana.
